Carta de Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo emérito de Toledo
Podría tenerse una ligera esperanza de que el Gobierno actual dialogaría algo a la hora de presentar en el Parlamento una nueva Ley de Educación, alejándola de la ideología de cualquier partido político. Era muy pequeña ciertamente esa esperanza, porque el partido socialista (el que lidera Pedro Sánchez) ya mostró sus actitudes (¿progresistas?) cuando abandonó la “mesa de diálogo” sobre Educación; de Unidas Podemos no esperábamos nada, pues ya sabemos qué buscan y su inamovible postura sobre “lo público”, rancia y reaccionaria. Los otros grupos que han apoyado la aprobación de la Ley tenían ante sí una ocasión pintiparada para unirse al gobierno de coalición en el poder.
Para mí está claro que “lo público” no puede ser lo que patrocine el Gobierno, lo que él piensa sobre este o aquel tema, apoyado por otras formaciones políticas. Las cosas son mucho más normales y, a la vez, sencillas de entender: en una sociedad tan plural como la nuestra, no puede ser únicamente la verdad lo que diga una mayoría tan “especial” como la que existe ahora en el Congreso. Otra cosa es aprobar algo por un determinado número de votos; pero, de ahí a imponer a los demás como lo verdadero, lo progresista, una determinada manera de pensar sobre la educación hay un abismo. Y en la tramitación de esta Ley Celáa ha habido una incapacidad de diálogo por parte del Gobierno y, lo que es más grave, miedo a la libertad de enseñanza. No entro en otras cuestiones políticas que el articulado de la Ley contiene, sin duda importantes; me interesa ahora mostrar el desinterés que manifiestan los partidos políticos que avalan esta Ley por lo que piensen los padres de los niños y los adolescentes que van a la escuela y los que irán más tarde.
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